Informa la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

El día de 30 de mayo de 2012, se llevó adelante el tercer desayuno de trabajo denominado Consecuencias de la Inseguridad: Víctimas y familiares luego de un delito, organizado en el marco de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

Con el objetivo de seguir trabajando y desarrollando nuevas acciones, es que se decidió realizar una nueva instancia de intercambio de conocimientos y experiencias, esta vez con la presencia de especialistas para tratar el tema de las repercusiones de los delitos no sólo sobre la víctima sino también sobre sus familiares y la sociedad en su conjunto. Para esto se contó con la presencia del Psicólogo y Licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado, así como también con la presencia del Doctor en Derecho Carlos Rodríguez Lima.

La apertura del evento estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Cr. Marcelo  Lombardi que hizo mención a los orígenes de la Comisión de Seguridad así como a las distintas acciones que se han llevado adelante desde su creación, buscando siempre trabajar en forma conjunta entre el sector público y privado con el objetivo de mejorar la seguridad del país. Destacó la importancia que tiene para el Sector Comercio y Servicios el tema de la inseguridad en el desarrollo de su actividad, ya que es un sector que está muy expuesto al público.

Lombardi afirmó que el objetivo del encuentro era analizar cuáles son las consecuencias sobre las víctimas y terceros que sufren un hecho delictivo y ratificó que la Comisión continuará desarrollando espacios de intercambio que son muy útiles a la hora de trabajar en conjunto el tema de seguridad.

La disertación de la Ec. Ana Laura Fernández (Asesora Económica de la CNCS) estuvo centralizada en los resultados de la Cuarta Edición de la Encuesta de Victimización 2011-2012, la cual arrojó resultados interesantes. El 70% de los encuestados corresponden a Montevideo y el restante 30% al Interior del país.
Los delitos más comunes fueron el hurto (48%) y el robo por descuido (16%), al tiempo que el horario en el que ocurren más delitos resultó ser el horario comercial donde hay más personas expuestas, tanto comerciantes, empleados como los propios delincuentes. Respecto a la consulta sobre si se realiza la denuncia cuando ocurre un hecho delictivo, el 64% de los encuestados respondió que denunciaba siempre. Profundizando más la pregunta se
procedió a investigar por qué el restante porcentaje no efectuaba siempre las denuncias y la respuesta que más ponderó fue la falta de tiempo y la concepción de que es un trámite complicado (33%), así como también porque no sirve para nada (33%). Las medidas más usadas para prevenir la ocurrencia de delitos fueron la colocación de alarma con respuesta (30%) seguido de la instalación de cámaras de seguridad (22%) y rejas (9%). Se destacó que sólo un 2% de los encuestados contestó que utiliza a la organización con los vecinos como una medida preventiva.

La encuesta también reflejó que para los comerciantes, los efectos más negativos de la inseguridad es el aumento de los costos de los seguros, el cambio en la infraestructura del local, la baja moral de los trabajadores y la interrupción o descenso de la actividad comercial.
Llamó la atención que el 65% de los encuestados considere que adoptar medidas en forma conjunta entre vecinos y comerciantes de la zona, podía reducir la delincuencia en su barrio pero al momento de mencionar si se conocen medidas implementadas en su localidad, el 85% haya respondido que no. En este sentido Fernández comentó que en este aspecto aún resta mucho trabajo para hacer, con el objetivo de trabajar coordinadamente no sólo los propios vecinos y comerciantes del barrio, sino también el trabajo conjunto con la Policía Comunitaria o Comisaría de la zona.

La perspectiva global de la encuesta atestigua la gran sensación de alerta que poseen los empresarios respecto a los diversos actos delictivos, así como el gran interés de que existan respuestas urgentes que brinden una solución a esta problemática de forma de optimizar la seguridad del país.

La segunda exposición estuvo a cargo del Psc. Robert Parrado el cual enfocó su presentación en que los actos delictivos repercuten no sólo sobre la propia víctima del hecho, sino también sobre la familia y amigos de la víctima, en definitiva sobra la comunidad en su conjunto. “La inseguridad es cada vez mayor, lo que repercute en todas las decisiones que tomamos, por ejemplo, en un mayor número de llamadas para ver si nos encontramos bien o si
alguien debe ir a buscarnos a determinado lugar, alteraciones en el sueño debido a estar preocupados ya sea por algún familiar o por la propia seguridad de uno en su hogar por ejemplo, modificar costumbres de asistir a determinados lugares ya que dejan de ser considerados seguros.” Mencionó que no solamente se debe tener en cuenta a las víctimas directas sino también a las indirectas, que si bien no experimentan el delito en sí mismo, conocen a la persona que los sufrió y se ven afectados por la situación. “La inseguridad va más allá de las estadísticas; si se toma el dato que en 2010 hubieron 202.988 situaciones delictivas y hechos violentos y se le suma una víctima (como mínimo) indirecta se tienen más de 400.000 situaciones de este tipo y si suponemos que eso se mantuvo en 2011 se encuentran más de 800.000 situaciones”. Parrado destacó que a partir de estos hechos se generan daños en las personas, así como en los familiares y amigos cercanos, en primera instancia se genera un clima de desconfianza generalizado en la población, en algunos casos puede darse la aparición del uso abusivo de determinada sustancias, fallas en la autoestima que genera sentimientos de vulnerabilidad, así como también la sensación de pérdida de control en la propia vida.

Según Parrado las propuestas desarrolladas para mitigar estos problemas deberían de enfocarse en primera instancia en realizar un análisis profundo del impacto social de los delitos y la violencia. “Se deberían de implementar unidades de respuesta especializadas para la violencia doméstica, el deporte (problemas entre hinchadas) y recreación, entre otros”. Destacó que es necesario una justicia restaurativa, es decir que la víctima participe activamente, ya que cuando suceden los delitos, las autoridades competentes suelen preocuparse solamente por el delincuente dejando de
lado todo lo que la víctima enfrenta a partir de ese momento.

A su vez recomendó que en los locales comerciales existan elementos de seguridad como por ejemplo paredes a prueba de balas con la finalidad de preservar la seguridad así como también que quienes trabajan allí estén instruidas por la propia Policía para saber qué hacer en caso de un robo.
Recordó que la seguridad pública es además de un derecho de las personas, un tema de salud pública, derechos humanos que tienen que ser atendidos de forma eficiente por el Estado.

Por último, El Dr. Carlos Rodríguez Lima comenzó su presentación haciendo referencia a la necesidad de construir un sistema de justicia que cuente con un moderno sistema procesal penal acusatorio y que surja de los principios de un Estado constitucional y social de derecho. También remarcó al igual que Parrado, la importancia de incorporar la justicia
restaurativa con la finalidad de que los derechos de las víctimas sean tomados en consideración, debido a que en la actualidad la justicia penal se orienta a castigar los actos contrarios al derecho, es decir a quien delinque.

“La víctima puede denunciar y ser testigo pero la justicia uruguaya no va más allá, por lo que el país debe repensar lo que está haciendo en esta materia porque la historia de esta persona está en juego.” A esto se le suma que “por más que las víctimas tengan el derecho de denunciar muchas veces carecen de interés porque consideran que la denuncia no sirve para nada, debido a que en muchos casos uno realiza la denuncia y luego no obtiene información respecto a lo que sucedió con esa denuncia.”

Rodriguez estableció que se debe analizar el papel de las víctimas, por ejemplo las “víctimas provocadoras” por ejemplo, aquellas que no participan del delito (los niños cuando las personas abusan de ellos), así como también los modelos posibles de llevar adelante por parte de las autoridades relativos a la asistencia jurídica, psicológica y terapéutica de las víctimas. Se tiene además que examinar los índices de criminalidad real a partir de informes de víctimas sobre delitos no perseguidos. En muchos casos estas cifras son difíciles que salgan a la luz debido a que si el
Estado tiene un determinado número registrado y se encuentra que hay mayor cantidad de delitos el aceptarlo sería aceptar que el gobierno está fallando en materia de seguridad.

Por ultimo recomendó que Uruguay debería de serguir los pasos de algunos países de Europa con la finalidad de cooperar con la comunidad. Esto se basó en que el Consejo de Europa en marzo del 2001 tomó una decisión relativa a las víctimas en el proceso penal que incluía el reconocimiento y respeto hacia la víctima, la audición de lo que le había sucedido y presentación de pruebas, el derecho a recibir información acerca del apoyo que puede recibir, así como también la garantía de la comunicación, comprensión y participación de la víctima en el proceso penal.

Por último se abrió un espacio de preguntas entre los asistentes y expositores, dando lugar a un intercambio muy rico de conocimientos y experiencias entre ambas partes.

Por cualquier consulta o ampliación de información, contactarse directamente con Ana Laura Fernández (afernandez@cncs.com.uy), coordinadora de la Comisión de Seguridad Ciudadana.